Protect Defenders: indulto a comuneros de Las Bambas

La absolución para los 19 comuneros judicializados desde hace cinco años por protestar contra el proyecto minero Las Bambas, en Perú, es un respiro. Aunque hay indicios de que la empresa no dará su brazo a torcer, los comuneros, apoyados por organizaciones internacionales, han logrado probar su inocencia. ¿Los indemnizarán por los daños y perjuicios que han sufrido ellos y sus familias durante estos cinco años de proceso? ¿Por haber estado meses injustamente en prisión preventiva?

Protesta de los campesinos peruanos 

Era el 25 septiembre de 2015, miembros de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas, en las provincias peruanas de Cotabambas y Grau, iniciaron un paro indefinido por no haber sido informados de modificaciones sustanciales en el proyecto.

Especialmente crítica era la cancelación del mineroducto que iba a transportar los 450 mil toneladas de mineral, de manera segura, desde la mina hasta el puerto. En su lugar, del transporte se encargarían 125 camiones diarios. El volumen vehicular en la carretera ascendería a 300 por día -entre idas, vueltas y transporte de insumos. Es más, la  carretera se construyó, en parte, en tierras comunales, sin mediar proceso de expropiación. 

La dispersión de partículas minerales durante el transporte y su consiguiente efecto en la salud de las poblaciones atizó la protesta. Durante la intervención policial del 28 de septiembre de 2015 murieron tres manifestantes, 23 resultaron heridos; 21 personas fueron detenidas, y retenidas en los predios de la empresa.

En diciembre de 2015 se formalizaba la denuncia contra 21 comuneros; dos de ellos estaban ya desde el 1 de octubre en prisión preventiva. Los cargos: comisión de delitos de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y daños, por los cuales la Fiscalía pedía hasta 17 años de prisión. La empresa minera MMG Las Bambas solicitaba aproximadamente 306.556 soles (82.000€) de indemnización. Los dos comuneros encarcelados, que pudieron probar que no portaban armas, tuvieron que pagar 5.000 (1330€) y 2.000 soles (530€) para recuperar su libertad. Desde septiembre de 2015, las declaraciones de estado de emergencia se han sucedido, con la consecuente militarización de la zona.

Buena nueva para defensores de la tierra 

"Esta absolución es una buena noticia para todas las personas defensoras de los derechos a la tierra y el territorio en Perú. Animamos a las autoridades peruanas a que continúen en esa línea”, dice el comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), recordando que la protesta pacífica es un derecho humano fundamental.

"Las Bambas ha sido un caso paradigmático de lo que está sucediendo en todo el corredor minero del Perú, en donde las normativas que se han venido aprobando atacan a estándares internacionales y constitucionales”, explica a DW Teresa Fernández, asesora de derechos humanos de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT). "Con todo, el indulto da una luz de esperanza, porque las autoridades judiciales han reconocido el derecho a defender la tierra y el territorio”, añade, echando en falta enfoques judiciales basados en las necesidades de la población.

Tanto la FIDH como la OMCT forman parte de Protect Defenders, la plataforma de organizaciones de la sociedad civil que apoya la Unión Europea (UE) para la defensa de los defensores.

"Aunque Las Bambas es de capital chino, se trata de que en sus diálogos con Perú, la UE vaya velando por la implementación de sus principios rectores”, puntualiza Fernández. Por lo pronto, en el caso concreto de Las Bambas han sido organizaciones como estas las que han logrado avanzar hacia el indulto.

"En este momento en el corredor minero hay 500 líderes judicializados”, cuenta a DW José Antonio Lapa Romero, de la organización Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF). Lapa, sociólogo peruano, detecta una clara intención estatal de castigar la protesta ciudadana priorizando la seguridad de la inversión."Los mandantes en Perú son los empresarios, que compran voluntades políticas", subraya.

En esa situación, que viene de hace tres décadas, "si los comuneros, campesinos, no tuvieran el apoyo de instituciones especializadas -muchas operando con fondos de la cooperación internacional-, les sería imposible acceder a un tipo de resultados como los de Las Bambas”, afirma Lapa, subrayando el deficiente y parcializado sistema de justicia local.

Según los especialistas, en ese contexto se entiende que Perú no quiera ratificar el Acuerdo de Escazú, el tratado regional que aseguraría acceso a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por otro lado, ambos ponen la esperanza, más bien, en el avance del acuerdo internacional que se negocia en la ONU para que las empresas puedan ser llevadas a juicio, aunque, como en el caso de Las Bambas, la compañía asegure velar por la sustentabilidad de las comunidades de su entorno.

Con todo este viento en contra, el indulto para los activistas de Las Bambas es una buena noticia. También porque los comuneros no van a tener que afrontar, por lo pronto, la indemnización que exige la empresa. Al revés, ¿está prevista una indemnización para los comuneros que han sido judicializados, por cinco años, injustamente? "Eso no se conoce en Perú”, responde Lapa.