¿Protege el Estado mexicano suficientemente a sus políticos?

El asesinato de Gisela Gaytán, candidata oficialista a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, ocurrido el lunes (01.04.2024), ha avivado la preocupación que acompaña el proceso electoral en México desde hace meses: la posibilidad de que estas elecciones de 2024, catalogadas como las más extensas en la historia nacional, con más de 20 mil cargos en disputa, se transformen igualmente en las más letales.

En su 'Segundo informe preliminar sobre violencia electoral del ciclo 2023-2024', el Laboratorio Electoral documentó 51 asesinatos de individuos vinculados de alguna manera con la política durante el actual periodo electoral entre junio de 2023 y marzo de 2024. De estos, 27 eran aspirantes a puestos de elección.

Entre tanto, las autoridades mexicanas han confirmado la muerte de 15 aspirantes a cargos populares desde el pasado 1 de octubre.

Diferentes niveles de protección

El pasado febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó un esquema de seguridad disponible para los candidatos a las 9 gubernaturas, así como para la Cámara de Diputados y el Senado que lo soliciten ante este organismo.

Tras determinar el nivel de riesgo del político, este se clasifica en uno de tres grados. Si el riesgo se evalúa como alto, el candidato obtiene un equipo de protección de 10 miembros y cuatro vehículos; si es medio, ocho agentes en tres vehículos; y si es bajo, dos oficiales y un vehículo.

Según informó Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el 1 de abril se han recibido más de un centenar de solicitudes de protección. Entre estás también están las peticiones de los tres candidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum de Morena, Xóchil Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.  

Fallas en el sistema de seguridad

"En teoría sí existe este protocolo, sin embargo, de acuerdo con las cifras de candidatos asesinados, el mecanismo no es funcional", dice David Saucedo, consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad pública.

En entrevista con DW, el experto asegura que uno de los principales problemas en la falta de seguridad para políticos es la rapidez de respuesta a las solicitudes. "Tarda demasiado la integración de la documentación para que finalmente los candidatos reciban un respaldo por parte de las autoridades de cualquier nivel de gobierno".

El especialista señala que el Gobierno federal es responsable de la seguridad de los candidatos a diputados federales, senadores y la Presidencia de la República, mientras que los gobiernos estatales protegen a los aspirantes a gobernador y a los diputados locales. Los ayuntamientos, por su parte, deberían velar por la seguridad de los candidatos a alcaldías, presidencias municipales y regidores.

Gaytán no contaba con protección

Este era el caso de Gisela Gaytán. Reportes de prensa indican que Morena había solicitado protección para la candidata. No obstante, el organismo electoral local negó el pedido, argumentando que el periodo de campañas aún no había iniciado oficialmente. Según el diario El País, de España, Gaytán esperaba una respuesta a su solicitud el día que fue asesinada, justo un día después del comienzo de la temporada electoral en Guanajuato el 31 de marzo.

La intrincada burocracia que envuelve el recién instaurado esquema de seguridad representa uno de los obstáculos más significativos, según señala a DW Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

Con la violencia electoral en ascenso, las autoridades mexicanas pusieron en marcha este plan de seguridad en febrero de 2023. Garza sostiene que las medidas de protección para candidatos y aspirantes debieron anticiparse, iniciando con análisis previos para crear un mapa de riesgo que identificara las regiones y candidaturas más expuestas a amenazas.

Reacción lenta 

Estos análisis deberían haber permitido "organizar de manera coordinada una estrategia que emana del Gobierno federal, pero que también incluye a los Gobiernos estatales e incluso municipales, con mayor antelación", según él.

Garza argumenta que la responsabilidad por la seguridad política no debería recaer exclusivamente en el Estado, sino también en los propios partidos políticos.

Por su parte, Edmundo Sandoval, director asociado en la firma de consultoría de riesgos Control Risks, comenta que "el sistema de seguridad pública en México está rebasado, independientemente de la situación electoral". En una entrevista con DW, destaca que el crecimiento del crimen organizado y su influencia sobre los procesos democráticos excede las capacidades operativas y presupuestales de las autoridades, tanto en equipamiento material como en recursos humanos.

Aunque valora positivamente la implementación de esquemas de seguridad para los candidatos, Sandoval considera estas acciones como "medida paliativa".  Sandoval concluye que "es un problema sistémico y necesita soluciones sistémicas".

(jov)