¿Quién le teme a la bandera arcoíris?

En lo que va de año, dos sucesos han reavivado el debate en torno al grado de aceptación social que disfruta la población LGBTI –siglas que aluden a las lesbianas, los gays, las personas bisexuales, transgénero e intersexuales– en Alemania y otros países europeos. El 8 de enero, el exintegrante de la selección nacional germana Thomas Hitzlsperger se convirtió en el primer futbolista profesional alemán en hablar públicamente sobre su homosexualidad. Y el 10 de mayo, la artista austríaca Conchita Wurst triunfó en la 59ª edición del Festival de la Canción Eurovisión, celebrando su femineidad sin sacrificar su poblada barba.

Algunos describieron las reacciones positivas a las declaraciones de Hitzlsperger como un indicio de que la homofobia pierde arraigo en la sociedad alemana. Y un comentarista del semanario Der Spiegel señaló que Conchita Wurst había transformado el Eurovisión en un “referendo sobre lo que es aceptado y lo que no es aceptado” en el Viejo Continente; a sus ojos, la votación del público y del jurado neutralizó los insultos transfóbicos lanzados contra la intérprete de origen colombiano. Pero otros relativizaron esas optimistas afirmaciones, distinguiendo entre la tolerancia exhibida en la industria del espectáculo y la practicada fuera de ella.

Opiniones divididas

Los escépticos argumentan: si una victoria como la de Conchita Wurst es tan significativa, ¿por qué nadie parece recordar que una cantante transexual ya había ganado el Eurovisión en 1998? Hitzlsperger fue aplaudido por su valentía, pero él “salió del clóset” sólo después de terminar su carrera como futbolista. ¿Qué probabilidades tiene un jugador abiertamente homosexual o bisexual, por muy talentoso que sea, de unirse a las filas de la Bundesliga? ¿Y qué relevancia tienen estos presuntos hitos del mundo deportivo y artístico cuando en Europa Occidental se registra un aumento considerable de la violencia homofóbica y transfóbica?

Las opiniones se dividen también al analizar la realidad de las comunidades LGBTI en América Latina y el Caribe. Ciudad de México y la provincia argentina de Tierra de Fuego legalizaron la unión de personas del mismo sexo en 2009, a las parejas gays y lésbicas se les permitió casarse en toda Argentina en 2010, y tanto Brasil como Uruguay allanaron el camino para el ‘matrimonio homosexual’ en 2013. Sin embargo, no todos los problemas que afligen a estas minorías se resuelven con una partida de casamiento. DW habló al respecto con la abogada venezolana Tamara Adrián tras su participación en el Foro LGBTI del Ministerio alemán de Exteriores.

Dos escenarios

“La situación de la población LGBTI en América Latina y el Caribe –sobre todo la de las personas transgénero e intersexuales– es de exclusión social, económica, política y cultural”, asegura Adrián, quien es secretaria general trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) y presidenta del Comité IDAHO Internacional. Ella describe dos escenarios muy distintos en la región. “En los países de habla hispana y portuguesa ha habido un progreso importante en lo que respecta a la inclusión social de las personas LGBT y a la reivindicación de sus derechos jurídicos”, explica la experta.

“Ese no ha sido el caso en las Antillas de habla inglesa y otras islas de la zona, donde leyes que datan de la Colonia siguen castigando severamente la homosexualidad. Aunque las lesbianas tienden a ser ignoradas por las autoridades, las relaciones erótico-afectivas entre hombres pueden ser penadas con hasta quince años de cárcel en algunos Estados caribeños. También hay lugares donde las leyes prohíben que un hombre o una mujer lleven vestimenta socialmente atribuida al sexo opuesto”, sostiene Adrián, enfatizando que la jurisprudencia sí incide sobre las manifestaciones de homofobia y transfobia que se ven en un país u otro.

Tareas pendientes

“En todos los niveles educativos siguen siendo necesarios programas para mejorar la educación sexual y reproductiva, y para fomentar el respeto hacia las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. En algunos países se han implementado proyectos aislados contra los cuales se han posicionado las iglesias cristianas, sobre todo las evangélicas. Pero, por ejemplo, a cuatro años de la promulgación de la ‘ley del matrimonio igualitario’ y dos años de la ‘ley de identidad de género’ en Argentina, hay evidencias de que la discriminación social de la comunidad LGBTI ha disminuido sustancialmente en ese país”, dice Adrián.

“En América Latina, la población intersexual continúa siendo invisible para muchos porque, aparte de Mauro Cabral en Argentina y Natasha Jiménez en Costa Rica, de ella han surgido muy pocos activistas que defiendan sus demandas. Y la mayoría de las personas trans sigue dedicándose al trabajo sexual y otros oficios marginales porque la discriminación de la que son objeto les impide alcanzar o superar el nivel educativo promedio de la población; eso atenta contra su desarrollo individual y profesional. No obstante, han habido cambios en el continente, mociones legislativas y otras iniciativas gubernamentales que cabe aplaudir”, subraya la jurista.

Ola de cambios

“En las Constituciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Uruguay se condena la discriminación con base en la identidad de género u orientación sexual de los ciudadanos. En Bolivia y Chile las agresiones homofóbicas y transfóbicas son catalogadas como delitos autónomos o agravantes. En México, Uruguay y Argentina se reformó el derecho de familia para reconocer la co-maternidad, la co-paternidad y la co-adopción en el marco de las uniones homosexuales. En Argentina, Uruguay y México la identidad de las personas trans es reconocida sin necesidad de que se sometan a operaciones de reasignación de sexo”, señala Adrián.

“Argentina y México –y en menor medida Brasil, Colombia y Ecuador– han puesto en marcha acciones afirmativas para facilitar el acceso de la población trans al trabajo digno, la vivienda y la asistencia médica. Pero el de Uruguay es el caso más sobresaliente: allí se les otorgan prestaciones sociales a las personas trans para garantizarles alimentos y medicinas, y se instauraron cuotas de empleo progresivas en el sector público con miras a que 2.500 hombres y mujeres trans reciban formación profesional y se inserten en el mercado laboral de aquí a 2016”, cierra la secretaria general trans de ILGA, no sin antes resaltar que las reivindicaciones de las personas LGBTI dependen de que ellas gocen de una ciudadanía plena.