¿Retorna el Estado de Derecho a Guantánamo?

Amnistía internacional fue la primera en reaccionar, aplaudiendo la decisión de la Corte Suprema estadounidense como un “significativo paso en dirección a la restauración de la legalidad”. AI subrayó, además, que ya es hora de que el gobierno estadounidense ponga sus prácticas contra el terrorismo “por fin en consonancia con los estándares internacionales”. En Europa, la opinión es prácticamente unánime: el campo de prisioneros de Guantánamo no es conciliable con el Estado de Derecho propio de una democracia. Hace apenas una semana, el Parlamento Europeo había pedido a los gobiernos de la UE exigir el término de las detenciones arbitrarias y la indemnización de los últimos detenidos, que son aproximadamente 270.

Los dictámenes de la Corte Suprema

Durante el viaje de Bush a Europa, los gobernantes europeos no han hablado con toda la firmeza que hubieran querido los europarlamentarios. Ni siquiera los manifestantes, otrora infaltables, han salido a las calles en Alemania a reprocharle la guerra de Irak o la existencia de Guantánamo, tomando nota de su visita con un alto grado de indiferencia. En cambio, la que sí ha vuelto a poner los puntos sobre la íes de las reglas básicas del derecho ha sido la Corte Suprema estadounidense.

En ocasiones pasadas, sus fallos no tuvieron resultados tan concretos como se podría haber esperado. Por ejemplo, en 2004, cuando el máximo tribunal estadounidense dictaminó que los prisioneros tenían, en principio, derecho a un examen jurídico de las causales de detención, el gobierno de Washington reaccionó creando comisiones militares con esa tarea. Eso no fue suficiente para la Corte Suprema, que desechó tales comisiones en 2006, alegando que carecían de base legal. A pedido del gobierno, el Congreso despachó entonces una ley para crear esa base legal.

Nuevos vientos en Washington

Las esperanzas de que volvieran a regir las normas del Estado de Derecho también para los reclusos de Guantánamo, o incluso de que dicho campo de prisioneros fuera cerrado, resultaron vanas. Pero ahora las cosas han cambiado. Estados Unidos está en plena campaña electoral y las posturas críticas –en un principio aparentemente enmudecidas en la opinión pública tras los atentados del 11 de septiembre- vuelven a tener tribuna.

Al reconocer el derecho de los prisioneros al habeas corpus, es decir, a que un tribunal regular civil examine su caso, la Corte Suprema no ha hecho más que establecer que el imperio de la ley rige también en Guantánamo. Ese “agujero negro” creado por la administración Bush parece comenzar a cerrarse y difícilmente sobreviva a la salida de este presidente de la Casa Blanca.

En la práctica, el fallo de la corte equivale a una posibilidad de apelación. Todavía no se sabe si desencadenará una avalancha de recursos de habeas corpus de parte de los prisioneros, muchos de los cuales están recluidos desde hace años sin que se les haya presentado una acusación formal. Sin embargo, lo cierto es que el impacto de la decisión de los jueces supremos esta vez sí debería hacerse sentir en el plano político, en las postrimerías del gobierno de Bush.