Ruanda acusa a Francia de participar en el genocidio

„Ruanda es un país pequeño y Francia uno grande con muchos medios”, decía Louise Mushikiwabo, la ministra de Información de Ruanda, al corresponsal de la Deutsche Welle en Kigali. El reportero, Emmanuel Rushingabiwi, le había preguntado si la lucha que su país ha emprendido contra la vieja Galia, llegando incluso a acusar a François Mitterrand y a Dominique de Villepin de colaboración en genocidio, se asemeja a la de David y Goliat.

“Para el Gobierno ruandés no es una cuestión de tamaño”, proseguía la ministra, “lo único que importa es la verdad. Es cierto que no es un enfrentamiento entre iguales, pero la fuerza de los elementos detallados en el informe lo convierten en una batalla justa”.

El citado informe tiene 500 páginas, llegó el noviembre pasado al Eliseo y se ha hecho público ahora. Dos años ha trabajado en él la comisión ruandesa encargada de esclarecer qué sucedió en 1994, cuando los hutus del país procedieron a asesinar sistemáticamente a sus hermanos tutsis, y a otros hutus moderados.

Un genocidio con historia

La prehistoria del genocidio en Ruanda es larga y contiene una trágica lista de acusaciones de inoperancia dirigidas hacia la Comunidad Internacional y las Naciones Unidas. Se permitió que cundiera el odio, se permitió el almacenamiento de armas, se permitió el entrenamiento de milicias, se contempló de brazos cruzados como la brecha étnica adquiría el aspecto de un insalvable precipicio.

La historia del genocidio en Ruanda empieza el seis de abril de 1994. Ese día murieron en un atentado el entonces presidente ruandés, el hutu Juvenal Habyarimana, y su homólogo de Burundi, Cyprien Ntayamira. El hecho es relevante porque desató uno de los genocidios más crueles de la segunda mitad del siglo XX: 800.000 personas fueron asesinadas, muchas de ellas a golpe de machete, en sólo 100 días. Y es relevante porque a él se acoge Francia para poner en duda la credibilidad del informe ruandés.

En 2006, un juez galo acusó al actual presidente de Ruanda y ex jefe de la guerrilla tutsi, Paul Kagame, de estar implicado en la muerte de Habyarimana. El documento llegado desde África en noviembre, que contiene los nombres y apellidos de 13 políticos y 20 representantes del ejército francés, no es más que la venganza por el atrevimiento del magistrado, alegan en Francia.

Días de limpieza étnica

“Francia protegió a las tropas que perpetuaron el genocidio y ha dificultado que los responsables sean llevados ante los tribunales”, aseguró el ministro de Justicia ruandés. La declaración no ha debido pillar a París por sorpresa. Las críticas a la política gala en África, y en concreto a su comportamiento en Ruanda, no son nuevas y llueven desde diversas nubes.

Ya desde los años 90 los franceses apoyaban al Gobierno de Habyarimana con la intención de mantener intacta su influencia en África central, amenazada por la red de relaciones anglosajona, recuerda Amnistía Internacional. Los hutus eran la mayoría francófona de Ruanda, mientras que los tutsis representaban a la elite del país, que se entendía en inglés.

Para los hutus Francia fue- escribía Colette Braeckman en una crónica publicada en 2004 por el rotativo galo Le Monde Diplomatique- “una hermana de armas”, una de las principales proveedoras de armamento. Cuando la contraofensiva tutsi del Frente Patriótico de Ruanda empezó a cercar la capital Kigali, los franceses intervinieron en el conflicto con el fin de proteger… a los hutus.

“Operación Turquesa” se llama otra de las grandes acusaciones que pesan sobre Francia. El “corredor humanitario” para acoger a quienes huían de los rebeldes tutsis hizo creer a “los autores del genocidio que los franceses venían a ayudarles y que tenían libertad absoluta para concluir tranquilamente su horrible labor”, escribe en sus memorias Romeo Dallarie, el general al mando de las escasas tropas que la ONU estacionó en Ruanda durante los meses de la limpieza étnica.

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¿Cómplices, culpables o inocentes?

Durante años, Francia trató de justificar su proceder en aquel año 1994 alegando la existencia de un “genocidio doble”: hutus contra tutsis, tutsis contra hutus, argumento por el que los galos se han ganado también más de una crítica. Pero la venta de armas y el apoyo a una de las partes en conflicto difícilmente bastarán para exigir responsabilidades a París.

Sin embargo, las conclusiones a las que llega la comisión ruandesa van más allá: hablan de una participación directa de soldados franceses en los hechos. “El apoyo [a los hutus] fue político, militar, diplomático y logístico”, dice el documento. “Los soldados franceses violaron a muchas mujeres, especialmente si eran tutsis”, añade.

Si se demuestra que estas acusaciones son ciertas, los 33 altos cargos galos que cita el informe podrían verse implicados en un caso de crímenes contra la humanidad. A la Europa que enarbola la bandera de la Justicia internacional y aplaude cuanto proceso se presente contra supuestos genocidas le resultaría difícil, o cuando menos un temeroso acto de hipocresía, impedir que alguno de los suyos tenga que sentarse en el banquillo. Pero cabe dudar que el agua llegue al río.

“El informe no es una querella”, puntualizó Mushikiwabo, la ministra de Información, “sino el resultado de una investigación”. El resto queda, por lo menos de momento, abierto a la especulación.