Sanciones: "Occidente perdió a Venezuela"

Según la relatora especial de la ONU Alena Douhan, las medidas coercitivas contra Venezuela han tenido gran impacto en los derechos humanos de los ciudadanos de ese país. Douhan visitará en febrero Venezuela para reunirse con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien dijo que el gobierno de Nicolás Maduro presentará un "conjunto de datos oficiales acerca del impacto social y económico” provocado por las medidas, "contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas impuestas por gobiernos extranjeros”.

Alena Douhan recordó que el gobierno de Venezuela llevó a la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia por delitos de lesa humanidad por la "violación sistemática y masiva de los DD.HH., producto del bloqueo criminal profundizado bajo escalas crueles y salvajes por parte del Gobierno saliente de los EE. UU. que presidía Donald Trump".

Las sanciones fueron aplicadas contra individuos por la comunidad internacional como respuesta a la represión ejercida por el gobierno de Maduro durante las protestas de 2014 y 2017, así como contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), impuesta por el Ejecutivo a fin de reemplazar al Parlamento venezolano (Asamblea Nacional de Venezuela).

A raíz del cambio de gobierno en Estados Unidos, Maduro se declaró dispuesto a "pasar la página” y establecer un "nuevo camino” con el presidente estadounidense, Joe Biden. Pero La nueva política del presidente hacia América Latina todavía no se configura.

También la Unión Europea debate aún nuevas sanciones contra el país sudamericano, luego de que impusiera las más recientes en 2020.

En un informe  publicado en noviembre de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que casi un tercio de la población de Venezuela, cerca de 9,3 millones de personas, tiene dificultades para acceder a los alimentos, sufre de desnutrición, o pasa hambre. Y subraya que esa situación está en riesgo de empeorar.

La crisis macroeconómica, agravada por los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, es "particularmente preocupante para Venezuela”, destaca el informe, que prevé una contracción del PIB del país en un 25%.

Según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, un 96% de la población venezolana es pobre, y el 79% de ese total se encuentra en pobreza extrema. Todo eso también se ve agravado por la hiperinflación: 1 dólar cuesta ya más de 1 millón de bolívares. Para comprar un kilo de arroz, un venezolano necesita gastar todo su salario mínimo. La falta de insumos en los hospitales y la falta de acceso a servicios de salud son otros aspectos de la crisis humanitaria. La emigración de alrededor de 6,5 millones de venezolanos refleja la gravísima inseguridad alimentaria y de acceso a los bienes y derechos más esenciales.

Venezuela, un país colapsado desde hace tiempo

Para Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, en Colombia, "lo que informa la FAO es cierto, pero se trata de un proceso que comenzó mucho antes de las sanciones. Aquellas medidas impuestas por el gobierno de Trump fueron las primeras que afectaron a la industria petrolera venezolana y no solo a individuos. Sin embargo, la estatal PDVSA viene manifestando un colapso desde 2014, mucho antes de las sanciones. Así, resulta erróneo atribuir los problemas económicos de Venezuela a agentes externos occidentales", dijo a DW desde Bogotá.

De acuerdo con Mijares, el gobierno venezolano "ha tratado de vender la idea de que todo lo que pasa es culpa de las sanciones. Pero, en realidad, el efecto más directo lo tienen sobre las remesas, pues hay un impedimento para el uso del sistema financiero internacional, y eso está afectando la economía doméstica, los negocios y las transacciones internacionales de los venezolanos”.

 "En 2017, las sanciones excluían de manera explícita las transacciones con fines humanitarios. En enero de 2019, esas sanciones se extendieron, pero se mantuvo la excepción para transacciones humanitarias", aclaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), en entrevista con DW.

A pesar de la excepción, "las sanciones podrían exacerbar la ya grave situación humanitaria que atraviesa Venezuela por el riesgo de que instituciones financieras se sientan obligadas a cumplir con las sanciones en casos más allá de los previstos en la propia normativa, y porque reducen los recursos a los cuales pueden acceder las autoridades venezolanas", advirtió Vivanco. Y agregó que "sin desmerecer el potencial impacto negativo que las sanciones podrían tener en el sistema de salud venezolano, es importante notar que las investigaciones de Human Rights Watch indican que el colapso del sistema de salud es anterior a la adopción de las sanciones. A su vez, las importaciones de comida y medicamentos disminuyeron antes de la imposición de las sanciones". No obstante, en una economía petrolera, como la venezolana, la disminución en los ingresos petroleros desde 2017 ha limitado la disponibilidad de recursos gubernamentales, indicó el abogado especializado en Derechos Humanos.

Víctor Mijares, que coordina la Maestría en Estudios Internacionales en la Universidad de Los Andes, dijo que "lo cierto es que Venezuela se ha desacoplado de Occidente, y es poco lo que EE. UU. y la UE pueden hacer por el país, al menos bajo canales diplomáticos regulares. El gobierno de Maduro está trabajado en conectar la economía venezolana a las inversiones rusas, que son escasas; a las chinas, que son prudentes; y a las turcas e iraníes, que son inciertas y poco transparentes. Mi interpretación es que Occidente perdió a Venezuela y es poco lo que podría hacer para restaurar su economía y mucho menos para restaurar su democracia”.

En cuanto a la responsabilidad de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro y en qué medida estas sanciones internacionales determinan la crisis galopante en la que se encuentra Venezuela, Víctor Mijares explicó que "la responsabilidad del gobierno venezolano va más allá de Maduro, pues los fundamentos de la ruina petrolera venezolana, y por lo tanto, las raíces del colapso económico, se remontan a Hugo Chávez. El fallecido presidente politizó la industria e instrumentalizó la política monetaria creando las condiciones para el colapso. Esto solo se hizo plenamente evidente para el mundo cuando se desplomaron los precios del petróleo y la industria venezolana quebró”, subrayó el experto.

"No hay garantías de que, durante la gestión de Maduro, las autoridades venezolanas -que han contribuido al colapso del sistema de salud, han estado implicadas en corrupción de alto nivel y han usado los ingresos petroleros para, por ejemplo, reducir la deuda por U$D 6.500 millones que PDVSA mantiene con la petrolera rusa Rosneft- hubieran usado los ingresos petroleros para brindar asistencia humanitaria a la población venezolana", destacó, por su parte, el director ejecutivo de la División de las Américas de HRW.

A juicio de Vivanco, "no es claro en qué medida las sanciones están efectivamente teniendo este impacto, ni tampoco si las autoridades venezolanas habrían usado los recursos adicionales para ayudar a su población".

¿Puede la comunidad internacional tomar medidas efectivas para salir de ese dilema y frenar la grave crisis humanitaria en Venezuela? "En cualquier caso, Estados Unidos debería tomar medidas inmediatas y suficientes para impedir que las sanciones tengan un efecto negativo sobre la situación humanitaria", sostiene José Miguel Vivanco.

Sanciones vigentes de Estados Unidos

La intención de diálogo por parte de Maduro con EE. UU. llega luego de que las relaciones entre ambos países se quebraran por completo en enero de 2019, cuando el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump incrementó las sanciones económicas y la presión diplomática contra Venezuela, reconociendo además como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó.

Un día antes de que Joe Biden se instalase en la Casa Blanca, el 19.01.2021 Estados Unidos impuso las últimas sanciones contra la administración de Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce. Washington golpeó a los miembros de una red supuestamente liderada por el colombiano Alex Saab cuyo objetivo era comercializar crudo venezolano evadiendo las penalizaciones impuestas por EE. UU. contra la petrolera estatal PDVSA en 2019.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. dijo que las nuevas medidas ampliaban las ya impuestas el 18 de junio de 2020 a personas y empresas en México señaladas de estar involucradas en la venta ilícita de petróleo venezolano, "facilitando la evasión continua de sanciones" a la estatal petrolera venezolana PDVSA y al gobierno de Maduro.

La medida está dirigida "contra orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que ha conspirado con el ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, y el empresario colombiano inculpado de lavado de dinero Alex Saab, para negociar la venta de cientos de millones del petróleo venezolano”, indicó Steven Mnuchin, cuando era secretario del Tesoro, en un comunicado.

Entre los principales sancionados figuran el italiano Alessandro Bazzoni, el hispano-venezolano Francisco D'Agostino, el suizo Philipp Paul Vartan Paikian y las empresas Elemento Ltd, con sede en Malta, así como Swissoil Trading SA, con casa central en Suiza. Las restriccione afectan también a buques y operadores marítimos que han transportado petróleo venezolano recientemente.

El 18.12.2020, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a la empresa ExCle Soluciones Biométricas por su papel en las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela, que Washington denunció como una "farsa”. "Los esfuerzos ilegítimos del régimen para robar las elecciones en Venezuela muestran su desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano", indicó Steven Mnuchin.

Ahora, tanto Guaidó como Maduro apuestan a trabajar con Biden. Pero aún está por verse cuáles serán las decisiones de la nueva administración demócrata en cuanto a su política hacia Venezuela,

Antony Blinken, el nuevo secretario de Estado de EE. UU., dijo, al ser consultado sobre la situación en Venezuela, que apoyaba seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. Asimismo, Blinken llamó "brutal dictador" al mandatario Nicolás Maduro.

Entre los aspectos "a considerar" de la política hacia Caracas, señaló "una cooperación de coordinación más fuerte con países afines" y un enfoque "más efectivo" hacia las sanciones "para que los facilitadores del régimen realmente sientan el dolor" de las medidas punitivas estadounidenses.

Ante este panorama, Víctor Mijares explicó que "La solución no es fácil y deben priorizarse objetivos. Si bien la democracia luce como un bien superior, para los venezolanos residentes en Venezuela podría haber otras prioridades inmediatas, como hacer viable la economía y los servicios básicos. Así, Occidente tiene como opción realista el tratar de mediar ante Rusia y China para que estimulen una progresiva apertura económica en Venezuela. Quizá el precio de ello sea reconocer a Maduro como jefe de Estado. Este no es un precio alto, pues ya muchos países europeos lo hacen en la práctica mediante sus misiones diplomáticas”, planteó el politólogo.

Sanciones vigentes de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea informó en un comunicado del 12 de noviembre de 2020 que extenderá las sanciones contra Venezuela por un año, hasta noviembre de 2021, para "promover soluciones democráticas y llevar estabilidad política” al país. Las sanciones selectivas incluyen el embargo de activos en bancos del bloque comunitario europeo para 36 individuos presuntamente responsables de "violaciones a los derechos humanos y de socavar la democracia” en el país. Asimismo, contemplan la prohibición de viaje a la zona de Schengen, y la ventas de armas y equipos que podrían ser utilizados para la "represión interna”. La UE aclaró que se trata de sanciones "diseñadas para no dañar a la población venezolana”.

Dichas medidas restrictivas fueron impuestas por el bloque en noviembre de 2017, cuando lo jefes de Estado y de Gobierno comunitarios decidieron sanciones contra 25 miembros del gobierno de Maduro.

En junio de 2020, la incorporación de otros 11 funcionarios del gobierno venezolano a la lista de sancionados, entre ellos, Luis Parra, quien se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional en enero de ese año, aumentó las tensiones ya existentes entre la UE y Venezuela. Nicolás Maduro respondió a ellas solicitando la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa. Pero terminó reconsiderando su decisión con la promesa de mantener un "diálogo".

Si bien el rol de Bruselas siempre ha sido a negociar una salida de la gravísima crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, los países europeos han tomado decisiones estrictas de manera unificada contra la lucha por acaparar el poder por parte del gobierno venezolano, en una contienda desigual contra la oposición, que lidera la Asamblea Nacional.

La Unión Europea reiteró este lunes (25.01.2021) que no reconoce las elecciones legislativas de diciembre de 2020 y, por lo tanto, tampoco la legitimidad de la nueva Asamblea Nacional. Asimismo, pidió que se asegure la integridad del líder opositor Juan Guaidó y de los representantes de los partidos de oposición electos para la AN. También recalcó que apoya a "todos aquellos que trabajan en favor de un futuro democrático para Venezuela” y advirtió que, en vista del deterioro de la situación de derechos humanos en el país, "la UE está dispuesta a adoptar medidas restrictiva específicas adicionales contra quienes socavan la democracia o el Estado de derecho”.

Así las cosas, la postura internacional con respecto a Venezuela sigue siendo poco concisa, ya que resulta complejo asumir una postura unificada. En el centro del conflicto y del impacto de las sanciones, o de su recrudecimiento, está la crisis humanitaria en la que se ve sumida la población venezolana.

Desde el punto de vista de Víctor Mijares, "la comunidad internacional puede hacer muy poco” con respecto a eso. Incluso las denuncias contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya no resultarían en mejoras, ni inmediatas, ni a mediano plazo, para los derechos fundamentales básicos de la población, sostiene. "Las denuncias contra Maduro pueden tener un impacto testimonial importante, pero poco efecto concreto en el presente”, puntualizó.

"Las sanciones individuales no están relacionadas con la situación humanitaria en el país, pero los gobiernos que las imponen deberían asegurarse de que esto continúe siendo así", concluyó José Miguel Vivanco.

(ers)