Tribunal Superior ordena restituir en el cargo al alcalde de Bogotá

Según la alta corte, Santos deberá acatar las medidas de protección emitidas a favor de Petro a mediados del mes pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió suspender la destitución e inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos emitida en diciembre de 2013 por la Procuraduría General.

La decisión del Tribunal responde a una tutela (amparo constitucional) interpuesta contra la decisión de Santos de acatar la sanción del Ministerio Público. El mandatario nombró como alcalde encargado de la ciudad al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, quien fue relevado este lunes por la secretaria del Habitát de Bogotá, María Mercedes Maldonado.

Al designar a Maldonado como alcaldesa, el jefe de Estado afirmó que si una autoridad judicial le ordenaba restituir a Petro obedecería, porque como presidente tiene "la obligación" de cumplir lo que establece la Constitución.

Petro, que fue elegido para gobernar la capital entre el 1 de enero de 2012 hasta la misma fecha de 2016, se pronunció tras conocer la noticia y aseguró que la decisión "protege los derechos de la ciudadanía".

"Tribunal protege derechos políticos"

"Esta vez Tribunal Superior de Bogotá protege derechos políticos, que son derechos humanos de la ciudadanía bogotana, de Bogotá y los míos", escribió el líder izquierdista en Twitter. El exalcalde fue destituido por la Procuraduría, organismo que controla disciplinariamente a los funcionarios públicos, y logró mantenerse en el cargo hasta el mes pasado por amparos judiciales.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, concluyó que el burgomaestre cometió errores "gravísimos" al cambiar a finales de 2012 el esquema de recogida de la basura, lo que produjo la acumulación de desperdicios durante algunos días mientras el nuevo operador asumía sus tareas.

Petro tomó la determinación para ahorrar costos y derivó el manejo de la basura a la empresa pública de acueducto de la ciudad, tras la finalización de los contratos con empresas privadas. Tras conocer la destitución a finales del año pasado, simpatizantes de Petro interpusieron decenas de tutelas al considerar que se estaba violando su derecho a elegir al alcalde por voto popular, pero el Consejo de Estado las rechazó.

Además, el exalcalde interpuso en octubre del año pasado una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, previendo el fallo en su contra, que fueron concedidas por el organismo internacional a favor de Petro. Sin embargo, Santos procedió a separarlo del cargo con el argumento de que los pedidos de ese organismo no son vinculantes.

CP (dpa, rtr)