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Turquía pone cifras a su "campaña de limpieza"

18 de agosto de 2016

En una auténtica caza de brujas desatada tras el golpe de estado fallido del 15 de julio ha detenido a más de 40.000 personas. Incluso ha tenido que liberar presos para dejar sitio en las cárceles.

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Türkei Binali Yildirim Rede
Binali Yildirim durante un acto de su partido, Justicia y Desarrollo, el martes.Imagen: Getty Images/AFP/A. Altana

El primer ministro Binali Yildirim afirmó en una entrevista televisiva en la noche del miércoles (17.08.2016) que Turquía detuvo a 40.029 sospechosos desde el fallido golpe del 15 de julio. Según Yildirim, 20.355 personas fueron enviadas a prisión preventiva, entre los que había policías, soldados, funcionarios de Justicia y de la administración, así como civiles. Actualmente hay 5.187 detenidos y casi 80.000 empleados públicos fueron suspendidos.

El primer ministro anunció que el Gobierno continuará con la "campaña de limpieza" contra seguidores del movimiento del clérigo Fetullah Güllen, al que acusan de estar detrás del golpe y cuya extraditación han pedido a las autoridades de Estados Unidos, país donde vivie en el exilio desde 1999.

Además, unos 13.000 de esos funcionarios deberán devolver sus salarios de los últimos seis años por haber accedido a sus cargos en una oposición supuestamente manipulada por simpatizantes de Güllen. Según informa hoy el diario opositor "Cumhuriyet", los seguidores de Gülen habrían recibido de antemano las preguntas y respuestas del examen, efectuado en 2010. Los funcionarios afectados por esta decisión del gabinete deberán devolver sus salarios más intereses, lo que de media son unos 100.000 euros, asegura el diario.

Turquía ya anunció al mediodía que liberará a 38.000 prisioneros bajo una reforma penal para liberar sitio en unas cárceles que ya están superpobladas. El ministro de Justicia, Bekir

Bozdag, explicó que no se trata de una amnistía sino de una puesta en libertad condicional que beneficia a aquellos prisioneros que hubieran cometido actos delictivos, excluyendo los más graves, antes del 1 de julio.

La reforma es parte de una serie de medidas definidas en dos nuevos decretos bajo el estado de emergencia declarado después del fallido golpe de Estado del 15 de julio en el que murieron 240 personas, en su mayoría civiles. Los decretos, publicados en el Diario Oficial, también ordenaron el despido de otros 2.360 oficiales de policía, más de 100 efectivos militares y 196 empleados de la autoridad de tecnología de la información y comunicación.

LGC (dpa / EFE / Reuters)