‘Tutela Legal’ exige justicia por masacre en el río Sumpul
15 de mayo de 2024
Una organización de derechos humanos de El Salvador pidió este martes (14.05.2024) "justicia y reparación" por las 600 personas masacradas por militares a orillas de un río hace 44 años mientras intentaban escapar de la guerra civil.
El 14 de mayo de 1980, unas 600 niñas, niños, mujeres y personas adulto-mayores fueron asesinadas en la comunidad Las Aradas, a orillas del río Sumpul, en la frontera con Honduras, a unos 100 km al norte de San Salvador.
Una investigación de la Comisión de la Verdad creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en 1993 que los militares "dieron muerte deliberadamente" a estas personas "no combatientes" que intentaban cruzar el río para refugiarse en Honduras.
El informe de la ONU estableció además que "la masacre fue posible por la cooperación de las Fuerzas Armadas hondureñas, que impidieron el paso de los pobladores salvadoreños" al vecino país. Asimismo, consideró que "hubo encubrimiento de los hechos por parte de las autoridades militares salvadoreñas" y que esta masacre constituyó "una seria violación" de las normas del derecho internacional humanitario.
Más de cuatro décadas sin justicia
"Se cumplen 44 años de impunidad en la masacre del Sumpul y hay falta de voluntad de aplicar medidas de justicia y reparación", declaró a la agencia AFP el abogado Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, que defiende a víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Tutela legal -que denunció la masacre ante la Justicia en 1992- acusa de estos crímenes a miembros del Ejército, de la extinta Guardia Nacional y de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN), grupo paramilitar que colaboraba con la Fuerza Armada en su lucha contra la guerrilla izquierdista.
Además, culpa por la masacre a un grupo de oficiales encabezados por el entonces ministro de la Defensa, general José Guillermo García, de 90 años, sobre quien también pesa una orden de detención por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en marzo de 1982. Para evitar ir a prisión por el caso de los holandeses, García permanece internado en un hospital privado desde hace 21 meses.
Durante la gestión de García, considerado el militar más poderoso de la Fuerza Armada en su momento, se cometieron 41 masacres, según la ONG de Derechos Humanos Cristosal. Mientras esta ONG busca justicia, una agrupación de generales retirados afirmó en una declaración -con motivo del bicentenario del Ejército salvadoreño, el 7 de mayo- "que ningún militar debería estar siendo juzgado, criticado o cuestionado por haber cumplido la misión de defender a El Salvador".
Por su parte, el coordinador de la ONG Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, lamentó que el 13 de mayo un comité del Congreso dominado por el partido del presidente Nayib Bukele archivara un proyecto de ley para castigar a los responsables de crímenes durante la guerra civil. "Quieren seguir protegiendo a los victimarios y no a las víctimas", dijo Montenegro. En tanto, Cristosal aseguró que "es hora de actuar y abrir archivos militares, así como de aprobar leyes de justicia y reparación".
La guerra civil salvadoreña dejó más de 75.000 muertes, miles de personas desaparecidas y cuantiosas pérdidas a la economía nacional.
ama (afp, arpas)