Venezuela: militares ratifican apoyo a Maduro

En Venezuela, la Semana Santa culminó como empezó: bajo los signos de la confrontación política. Este lunes (17.4.2017), cientos de militares se concentraron frente al palacio presidencial para conmemorar el séptimo aniversario de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo de civiles armados que, según el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, "representa una bisagra entre el pueblo y las Fuerzas Armadas”. Expertos en derecho constitucional como José Ignacio Hernández sostienen que la sola existencia de la Milicia Nacional Bolivariana viola la Carta Magna porque éstas no forman parte de la institución castrense y sólo el Estado puede usar armas.

De acuerdo a la interpretación que el Gobierno hace de la legislación venezolana, la Milicia Nacional Bolivariana forma parte de las Fuerzas Armadas y está formada por quienes, "sin ejercer la profesión militar”, manifiestan voluntariamente el deseo de unirse al cuerpo castrense para participar en acciones de seguridad y defensa. El propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes (17.4.2017) que le había dado luz verde a la integración de 500.000 nuevos miembros a la Milicia Bolivariana en el curso de este año. El mandatario aprobó también que se garantice, "a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), un fusil para cada miliciano”.

En la ceremonia de este 17 de abril, Padrino López leyó un documento en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el que manifestaba su "vocación pacifista; pero, al unísono, reitera su condición radicalmente antiimperialista, zamorista y consecuentemente antioligarca [sic], chavista e indefectiblemente nacionalista”. El ministro terminó su discurso subrayando que "la FANB preserva su unidad monolítica, granítica, y ratifica su lealtad incondicional al señor presidente constitucional, nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. La FANB se apega a la Constitución y cumple su tarea bajo su mandato mi comandante en jefe”.

Padrino López: "restitución del orden público”

El ministro agregó que el país se halla en una "coyuntura crucial” debido a las ambiciones de los "enemigos”, término con el que aludió a la oposición antichavista y a sus simpatizantes, quienes llevan más de una semana manifestando en las calles contra el Gobierno de Maduro y la actuación de los poderes públicos dominados por fichas del oficialismo. Padrino López le atribuyó a la oposición una "agenda criminal y cargada de odio que incluye actos terroristas, disturbios, saqueos, vandalismo, distintas formas de violencia contra personas inocentes e instalaciones públicas de salud”. Según el titular de Defensa, ese plan es "orquestado por algunos diputados de la Asamblea Nacional”.

Esos legisladores, dijo Padrino López, "se han volcado a minar la institucionalidad del Estado y a obstruir la gestión del Ejecutivo orientada a la solución de los problemas”. El ministro aseguró que los hechos violentos ocurridos en el marco de las protestas opositoras tratan de generar "zozobra en la población, anarquía y caos, con el innoble propósito de derrocar al Gobierno democrático”. Asimismo, indicó que existen bandas violentas financiadas desde el exterior "por organizaciones de derecha radical” que promueven actos violentos en el país para justificar una intervención extranjera. La oposición denuncia, en cambio, que es la represión estatal la que ha dejado un saldo de seis muertos y un centenar de arrestos arbitrarios.

Padrino López ha sido acusado de cinismo por pedir que no se llame represión "a la acción del Estado orientada a la restitución del orden público”. Su alocución es otra evidencia de que la independencia e imparcialidad de las instituciones del Estado brillan por su ausencia en Venezuela y hace temer por la seguridad e integridad física de los civiles convocados por la oposición antichavista a protestar este miércoles (19.4.2017) contra el golpe de Estado del 29 de marzo, fecha en que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus facultades a los legisladores venezolanos, disolviendo de facto al Parlamento. De antemano preocupa también el anuncio hecho este 17 de abril por otro líder chavista.

Cabello: "Quisiéramos ver a los dirigentes de la oposición”

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, confirmó que este 19 de abril tendrá lugar una contramarcha informando que unos 60.000 motorizados recorrerán la ciudad de Caracas. "Quisiéramos ver a los dirigentes de la oposición al frente de su marcha con sus actividades para tumbar al Gobierno revolucionario”, dijo Cabello en una transmisión de la televisora estatal VTV. Cuando Cabello hace referencia a "motorizados”, la oposición da por sentado que alude a los "colectivos chavistas”, grupos de civiles armados que actúan como fuerzas de choque del oficialismo, sobre todo cuando la oposición se moviliza en las calles.

Este mismo domingo (16.4.2017), el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció que seis hombres habían sido arrestados por haber intentado "tomar por asalto” su residencia oficial y aseguró que éstos se habían identificado como miembros del "colectivo Tupamaro”, una organización política que forma parte de la alianza de partidos chavistas Gran Polo Patriótico (GPP). Capriles agregó que los detenidos actuaban "bajo la coordinación” del concejal Rafael Ortega, miembro del PSUV, y que todos pertenecían a la nómina de la Alcaldía dirigida por el chavista Francisco Garcés. Mientras tanto, continúa la polémica por las acusaciones de tortura dirigidas contra el oficialismo. 

Primero Justicia (PJ), el partido del excandidato presidencial Capriles Radonski, organizó una rueda de prensa para acusar a 37 funcionarios públicos –entre los que figuran agentes del servicio de inteligencia y de la policía técnica judicial– de torturar a José y a Alejandro Sánchez, dos hermanos gemelos afiliados a esa formación política que fueron arrestados el jueves pasado (13.4.2017) al final de una protesta antigubernamental. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó este domingo (16.4.2017) la "flagrante violación de derechos humanos” de los jóvenes. El caso promete complicaciones.

Maduro: "No me va a temblar el pulso”

El mismo 16 de abril, en una transmisión en cadena obligatoria, emitida por radio y televisión desde el palacio presidencial, Maduro presentó una serie de videos que supuestamente incriminan a dirigentes y diputados del partido opositor Primero Justicia (PJ) en la organización y financiación de actos violentos durante las protestas de las últimas semanas en Caracas. Uno de los videos permite oír las declaraciones de Alejandro Sánchez, hechas durante un interrogatorio policial. En ellas, el hermano de José Sánchez confiesa su participación en un ataque con cócteles molotov contra la sede de un organismo público.

Las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia, ubicadas en el municipio caraqueño de Chacao, sufrieron daños considerables el pasado 8 de abril. En la grabación mostrada por Maduro, Alejandro Sánchez asegura que el ataque contra la DEM y otros actos violentos fueron planificados por dirigentes del partido PJ. En otro de los videos aparece Guido Rodríguez, un militante de PJ que en pleno interrogatorio policial dice que le pagaron 300.000 bolívares –cerca de 420 dólares al cambio oficial más alto– por atacar con cócteles molotov la sede de la DEM.

"Con esta investigación, sepan ustedes que no me va a temblar el pulso ni un segundo para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar; se llame como se llame, esté en el cargo que esté”, declaró Maduro durante su alocución. El presidente venezolano agregó que posee poderes constitucionales que le permiten llevar casos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, y recordó que el estado de emergencia económica, vigente desde hace meses en el país, le otorga "poderes superiores para garantizar la paz y la estabilidad” en el país. Especialistas en materia constitucional alertan, en cambio, que Maduro se ha extralimitado.

Expertos como José Ignacio Hernández, de la Universidad Central de Venezuela, apuntan que, de las violaciones de derechos humanos perpetradas en este caso, las más evidentes son la obtención de testimonios al margen de garantías esenciales, como la presencia de abogados o representantes del Ministerio Público en los interrogatorios; y la obtención de confesiones mediante tortura, tratos crueles e inhumanos; la usurpación de funciones de la Fiscalía y de la Justicia por parte del Ejecutivo; y el carácter arbitrario de la detención de los hermanos Sánchez, por carecer de orden judicial y no tratarse de un arresto en flagrancia. Desde el 4 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones antigubernamentales más recientes, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano ha registrado 538 arrestos arbitrarios.

ERC ( EFE / El Nacional / El Universal / ProDaVinci / Foro Penal Venezolano )