Acoso legal amenaza la libertad de expresión

La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales en una democracia. Una prensa libre brinda información y opiniones que alimentan el debate público. Por eso, cuando un juez afirma en una sentencia que un experimentado periodista "traspasó los límites del derecho a la libertad de expresión" y difamó a un prominente e influyente político, hay que mirar más de cerca. 

El pasado lunes, un tribunal peruano sentenció a dos años de "prisión suspendida" a un periodista por el delito de difamación agravada contra el excandidato presidencial y empresario César Acuña, por el libro "Plata como cancha". El autor de la biografía, el periodista de investigación Christopher Acosta, debe además pagar una multa de unos 100.000 dólares.

La sentencia generó una ola de críticas y rechazo dentro y fuera del país. La Defensoría del Pueblo "condenó el uso de la justicia penal como mecanismo de afectación a la libertad de expresión". La Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) dijo que "la sentencia atenta contra los principios fundamentales del ejercicio del periodismo, tanto para la prensa nacional como internacional". Hasta el ministro del Interior, Avelino Guillén, criticó la sentencia: "Es una noticia preocupante. En democracia se tiene que respetar la labor del periodismo".

Instrumentalización de la Justicia

El caso en Perú arroja luz sobre un tema que ocupa también a muchos defensores de la libertad de prensa en Europa: la epidemia de demandas que utilizan poderosos funcionarios o grandes empresas "para amordazar a periodistas y medios, para evitar la crítica y que salgan a la luz casos de corrupción y otros temas de interés público", como lo formuló Jorge Canahuatí, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un comunicado sobre el fallo en Perú.

Este tipo de demandas tiene un nombre: demandas estratégicas contra la participación pública (Strategic lawsuit against public participation), y son conocidas como "SLAPP" por sus siglas en inglés. La palabra "Slap" (bofetada) describe adecuadamente la intención de este tipo de pleitos. Se trata de intimidar y silenciar a críticos ante el elevado costo de una defensa legal.

"Es un abuso judicial porque en realidad no se trata de perseguir una difamación, sino de utilizar la denuncia como herramienta para intimidar al periodista. Esto tiene además un efecto adicional, porque otros periodistas también podrían reconsiderar si realmente quieren continuar con el trabajo de investigación", explica Renate Schmid, Experta en derecho de medios de comunicación del renombrado bufete de abogados Wilde Beuger Solmecke, de Colonia, en entrevista con DW.

El director ejecutivo de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras, Cristian Mihr, observa tendencias peligrosas en el Este europeo: "En Alemania, el delito de difamación rara vez se utiliza en los procedimientos contra periodistas, porque en general, en la ponderación de los derechos, se suele decidir finalmente a favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sin embargo, en muchos otros países europeos, estas demandas se utilizan muy a menudo para intimidar a los periodistas. En Serbia, Rumania y Bulgaria, intentan paralizar redacciones enteras con estas demandas", afirma Mihr, en conversación con DW.

Un fenómeno global

Las víctimas de las SLAPP no suelen ser exclusivamente periodistas, sino también personas defensoras de derechos humanos o activistas medioambientales.

Varios países en el mundo ya han tomado medidas legislativas en contra el acoso judicial, entre ellas Tailandia, Filipinas, Indonesia, Australia, Canadá y Estados Unidos. En Colombia, se está tramitando un proyecto en el parlamento con objeto de introducir una ley anti SLAPP.

La Unión Europa también inició un proceso para prohibir el acoso judicial. Uno de los casos más tristemente famosos que ayudó a empujar esta iniciativa en la UE fue el de la periodista de investigación maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada en 2017. En el momento de su muerte se enfrentaba a más de 40 demandas jurídicas por su trabajo periodístico.

"Existe una relación de tensión entre el derecho legítimo a defenderse de la difamación y, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, las demandas SLAPP son claramente un abuso judicial", subraya Mihr.

Tanto el  director ejecutivo de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras como la experta del bufete de abogados acogen con satisfacción el plan de la Comisión Europea de presentar en este año una ley para proteger a los periodistas de las demandas SLAPP. "Lo apoyo completamente. Creo que es correcto que un proyecto así se aborde a nivel de la UE", afirma Schmid.

Ponderación de derechos

¿No sería en este caso más fácil "despenalizar delitos contra el honor para evitar situaciones como la mencionada" en Perú, tal como lo exige el Consejo de la Prensa Peruana (CPP)? Esto no sería un solución viable según la experta Renate Schmid: "Eso no resuelve el problema, porque entonces ¿qué pasa con todas las personas que realmente están siendo difamadas y tienen un interés legítimo en proteger su privacidad? Creo que ese sería el camino equivocado".

En Alemania se diferencian tres esferas de los derechos de la persona: la esfera intima, la esfera privada y la esfera social. La esfera intima es la más protegida de las tres. Aquí caben por ejemplo las preferencias sexuales de una persona o su estado de salud. Es esta esfera es casi inviolable, ya que este ámbito no es asunto de nadie y está directamente relacionado con la dignidad humana. También los periodistas tienen que respetarla, independientemente de la celebridad de una persona.

En la esfera privada ya se mezclan un poco las cosa. Esta abarca el ámbito doméstico y familiar de una persona, y los periodistas deben respetarla, pero con excepciones.

La esfera social y pública es la menos protegida de las tres. Básicamente se trata de todo lo que una persona diga o haga en un espacio público. Aquí no suele haber restricciones para el trabajo de periodistas.

"La idea detrás de este modelo elaborado por el Tribunal Constitucional alemán es que, básicamente, cada persona puede determinar lo que se conoce de ella en público. Informar sobre cosas de la esfera privada casi siempre requiere autorización", aclara la abogada Renate Schmid.

Pero existen excepciones. "El caso conocido en Alemania de un político que supuestamente empleó de manera ilegal a su servicio doméstico es a primera vista un asunto privado, pero obviamente es algo de interés público. Más aún porque se trató de un ministro de Finanzas", añade Schmid.

La dificultad se deriva de la necesidad de ponderar cuidadosamente, en cada caso, entre el derecho de una persona a proteger su esfera privada y el derecho de los  periodistas a informar sobre cosas de interés público. Algo que se critica no haber hecho al juez en Perú.

(gg)