Ahora más que nunca, Cataluña enseña músculo

El sábado (27.09.2014), el presidente de la Generalitat de Cataluña ha convocado la consulta soberanista del 9 de noviembre, siguiendo el modelo escocés y cruzando la línea roja marcada por el Gobierno español. Para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la experiencia escocesa refuerza la legitimidad de una consulta soberanista. En Escocia todo sigue como está, pero nada será igual. Los independentistas han perdido la batalla, pero han logrado que Londres acepte ampliar las competencias de Escocia, acercándose a aquellas que desde hace años tiene Cataluña.

El nivel de autogobierno de la comunidad autónoma española es de hecho mucho mayor que el escocés: tiene su propia policía, gestiona la educación, la sanidad y es la comunidad que más recursos del Estado recibe, gracias al modelo de financiación pactado en 2009. No obstante, para los que enarbolan la bandera separatista catalana, todo esto no es suficiente. Dicen que Cataluña no es ni ha sido nunca España. Insisten en que hablan otra lengua, tienen otra cultura y una larga historia de opresión que la enfrenta a España desde hace tres siglos. Una matriz ideológica, muy discutida entre historiadores, que alimenta la llama emocional de muchos catalanes dispuestos, ahora más que nunca, a arriesgarse a una aventura con final abierto.

La hora de los jueces

En Escocia se ha impuesto el sentido común frente a las emociones. Pero Cataluña no es Escocia, aunque muchos se empeñen en sacar lecciones de aquella consulta. El referéndum escocés se convocó de común acuerdo entre Edimburgo y Londres, mientras que una consulta soberanista en Cataluña no está contemplada en la Constitución española. Esa es la principal carta en pro de la unidad nacional que juega el Gobierno de Mariano Rajoy y mediante la cual legitima su inmovilismo.

Ahora que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha convocado el referéndum, respaldado por el parlamento catalán, tras la reciente aprobación de la “Ley de Consultas”, llega la hora de los jueces. Una vez que Rajoy recurra la ley, será el Tribunal Constitucional quien tenga la palabra, aunque no la última.

Mas no es un insensato

Si los jueces declaran inconstitucional la norma, Mas podría dar un paso que no tiene precedente en la historia reciente de España: llamar a la desobediencia civil y forzar el referéndum en una situación de ilegalidad. En último extremo, el Gobierno catalán podría movilizar a su propia policía para proteger la realización del referéndum frente a las fuerzas del Estado español.

Pero antes de provocar un choque de trenes mediante un abstruso acto de sedición, Mas podría sacar su último comodín de la manga: la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. Esto permitiría a los catalanes emitir un voto mucho más diferenciado que el simple ‘sí' o ‘no' de una consulta soberanista y, lo que es más importante, encauzar la voluntad del pueblo catalán en el marco de la legalidad. Pero antes de aplicar este plan B, Mas parece querer agotar todos los recursos intimidatorios para saldar a su favor una cuenta pendiente con Rajoy.

El Pacto Fiscal como salida a la crisis

Hace dos años, Rajoy tuvo la oportunidad de quitar fuelle a las ambiciones soberanistas. En plena crisis económica, el Gobierno catalán le pidió dialogar sobre un nuevo pacto fiscal que permitiera a Cataluña gestionar sus propias arcas. La negativa de Rajoy fue rotunda. Mas se vio obligado a enterrar el Pacto Fiscal para poco después empezar a fraguar el proceso de ruptura con España. Si en 2003 Mas afirmaba en una entrevista que “el independentismo es una cuestión obsoleta y algo oxidada”, a partir del carpetazo de Rajoy se convirtió en su mantra político.

No hay duda de que la actual crisis de Estado que se vive en Cataluña exige una respuesta firme de Rajoy. Desde la oposición socialista le piden valentía y liderazgo, pero ante todo debería renunciar al inmovilismo. Mientras caen las hojas del calendario y se acerca el 9 de noviembre, Rajoy apura al máximo la disyuntiva “Constitución o caos”, como si no hubiera más opciones. Pero está la de negociar un acuerdo que permita una autogestión tributaria sin que sea necesario reformar la Constitución, como proponen empresarios catalanes, alarmados por el impacto económico que supondría para la sociedad catalana una separación de España y una salida de la Unión Europea.

Las consecuencias de una secesión serían imprevisibles, no solo para Cataluña y España, sino también para la Unión Europea. Que no haya pasado en Escocia no significa que no pueda suceder en Cataluña y luego en otras regiones. Lo último que le hace falta ahora a Europa -fustigada por la reciente crisis económica y quizás a las puertas de una nueva recesión - es una fragmentación territorial.