Los sarayaku: historia de un pueblo vulnerado

Amnistía Internacional ha denunciado en la presentación de su Informe Anual correspondiente a 2011 la vulneración que sufren los pueblos indígenas de America Latina por parte de sus propios gobiernos y empresas que violan el derecho de la población local a ser consultada ante cualquier proyecto que pueda afectarla. En concreto, Amnistía Internacional presentó un documental de 30 minutos en el que exploró la situación en la que se encuentra el poblado de los Sarayaku, en Ecuador, y denunció la pasividad del Estado ecuatoriano a la hora de abordar la protección del citado poblado.

Noemí Gualinga es miembro del Pueblo Kichwa de Sarayaku, una comunidad de unas 1.200 personas en un área remota y virgen del Amazonas. En 2002, su comunidad se vió seriamente afectada cuando una empresa petrolera entró en sus tierras con el permiso del Gobierno ecuatoriano, “utilizando la fuerza armada”. La petrolera desplegó sus trabajadores sin contar con el consentimiento de los indígenas y sembró el terreno de dinamita para localizar fácilmente las reservas de petróleo. Esto obligó a paralizar el tránsito en la comunidad y detonó el abandono de los cultivos. “Destrozaron la tierra, talaron árboles, hicieron helipuertos para el acceso de helicópteros y comenzaron a sembrar dinamita”, dice la activista. Gualinga agrega que para asegurar la continuidad de las extracciones de petróleo, el Gobierno ecuatoriano desplegó a los militares para custodiar los intereses económicos de la empresa en cuestión, en detrimento de los derechos del pueblo. La respuesta de la comunidad indígena no se hizo esperar: crearon campamentos los que trataron de frenar el avance de la petrolera.

Iniciativa femenina

Las mujeres fueron las primeras que movilizaron los campamentos de paz, con la ayuda de los hombres para garantizar su seguridad. "Allí el pueblo hizo guardia día y noche para impedir que los trabajadores siguieran expropiando nuestro territorio", asevera Gualinga. "Ya no había día ni noche, incluso los niños y los ancianos participaban en los campamentos para evitar que la petrolera cumpliera sus intenciones”, apunta la defensora de derechos humanos.

La comunidad quedó paralizada durante seis meses de litigios, duelo y represión: “los cultivos fueron abandonados por lo que caímos en la inseguridad alimentaria, además las escuelas se paralizaron, todo el mundo se sumó a la causa”, asevera Gualinga. Y agrega que ante la negativa de los sarayaku a dar su brazo a torcer, los medios de comunicación comenzaron a verter descalificativos a la comunidad, a la que tildaron de “terroristas” y les atribuyeron “cultivos de coca”. Según relata, a los intentos de manipulación de la opinión pública se le sumó la tortura física y psicológica ejercida por los militares: “las mujeres que corrían de un sitio a otro con sus niños cargados a su espalda, mientras que los militares torturaban a nuestros hombres”.

Desesperados ante la precariedad de su situación, algunos vecinos del poblado trataron de tocar las puertas institucionales. Sin embargo, no obtuvieron respuesta alguna del Estado: “Solamente hemos recibido recriminación y maltrato”, apunta Noemí Gualinga.

Habiendo agotado las instancias nacionales, los sarayaku llevaron su reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica: “todas las pruebas se han enviado a la Corte y ésta se ha encargado de gestionar los atropellos que hemos sufrido”, remata la ecuatoriana. En este sentido, los sarayakus se muestran optimistas sobre la posible resolución de su caso ante la instancia de Derechos Humanos: “queremos que el Estado acepte que, junto con la compañía petrolera, se violaron los derechos humanos en Sarayaku"

Con el afán de combatir la discriminación de la que su pueblo fue víctima, Noemí Gualinga lo tiene claro: “Nos sentimos dignos de haber luchado”.

Autora: Nuria García Reche

Editora: Emilia Rojas