¿Con mano dura hacia la paz?

Cuando asumió la presidencia, el 7 de agosto del año pasado, uno de los mayores desafíos que enfrentaba Alvaro Uribe era establecer la "seguridad democrática", como denominó su gobierno la aspiración de poner un fin al conflicto armado entre la guerilla izquierdista y los paramilitares de extrema derecha. Su meta, según prometió, es recuperar la soberanía sobre el territorio colombiano y terminar con ambos grupos armados.

El gobierno inició negociaciones con el grupo paramilitar "Autodefensas Unidas de Colombia", AUC, que se tradujeron en un acuerdo firmado en julio pasado para la desmovilización paulatina de 13.000 combatientes hasta finales del 2005. Paralelamente, los dos grupos guerrilleros más importantes del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se ven crecientemente acosadas desde el punto de vista militar y cada vez más aisladas políticamente. Ambas organizaciones recriminan al gobierno querer hacer la paz con la guerra.

Petición a la ONU

Como respuesta a las negociaciones con las AUC, la guerrilla del ELN, rechaza todo diálogo con el gobierno. Mientras que las FARC formularon un documento expresando su interés en reunirse con el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Esto no supone que acepten la mediación de la organización mundial en el conflicto, según el director de la fundación alemana Friedrich Ebert en Colombia, Wolf Grabendorf. La fundación es cercana al partido socialdemócrata, gobernante en Alemania en coalición con Los Verdes.

En una entrevista exclusiva con DW-WORLD, Grabendorf afirma que Uribe ha sabido ganar y preservar el apoyo de los colombianos y señala que la política de mano dura del presidente es respaldada por alrededor del 75% de la población. Sin embargo esta estrategia dificulta las posibilidades de alcanzar una solución política, así como lograr un consenso amplio entre las partes combatientes.

Precondiciones de negociación

Hay pocas posibilidades de que Uribe cambie su política de mano dura contra los insurgentes. "Uribe estaría dispuesto a negociar con las FARC, en el momento en que ellos se comprometan a renunciar a la toma de rehenes y accedan a deponer las armas, pero no antes", indica Grabendorf.

La política del presidente colombiano frente al conflicto interno está también estrechamente ligada a la lucha antidroga. El Plan Colombia, en el que Estados Unidos ha invertido más de 2.000 millones de dólares desde el año 2000, ha destruído un 15 % de las plantaciones de coca, reduciendo la producción de hoja de coca en un 30%.

En la lucha contra el narcotráfico, Grabendorf considera estos resultados como un éxito, pero afirma que esto no es suficiente para resolver el conflicto armado. "Es muy dudoso que el Plan Colombia tenga un efecto positivo en la situación de inestabilidad imperante en este país", dice.

Países vecinos afectados

La meta declarada por Uribe de lograr que Colombia quede libre de coca antes de concluir su mandato sigue provocando controversia. El problema principal de su estrategia consiste, como explica Grabendorf, "en que la producción de coca está trasladándose a los países vecinos, como Brasil y Ecuador."

Estas implicaciones demuestran la dimensión internacional que ha adquirido el conflicto, y la necesidad de los países latinoamericanos de tomar una postura contundente frente a la guerra civil en Colombia. "El conflicto colombiano sigue teniendo un componente político", afirma el diario argentino La Nación, y por ello es necesario fortalecer los principios democráticos, imponiendo el respeto de la ley, así como la protección de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. De lo contrario, advierte, la mano dura de Uribe podría incurrir en el autoritarismo.