Opinión: Nadie se salva de la arbitrariedad

Alivio se siente después de conocerse la sentencia contra Pu Zhiqiang. El conocido abogado no deberá pasar ni una noche más en prisión. Ocho años pendían sobre él. Rabia se siente también, pues si todo hubiese sido justo y legal, Pu no habría tenido ni siquiera que ser detenido. Ahora, en realidad, debería haber sido declarado inocente y debería haber recibido una compensación por los 19 meses que pasó en la cárcel. Este “culpable” unido a tres años de libertad condicionada es un claro intento de las autoridades de ponerle a este caso un fin que les permita salvar la cara. Les ha resultado una verdadera catástrofe mediática. Por un lado, porque ha puesto de manifiesto lo miserable del sistema de justicia de la República Popular China. Por otro, porque esto mismo echa sombras sobre el país como centro económico.

Peligroso ser abogado

Desde la década de los 1990, China ha modificado y ampliado el sistema legal del país, que había sido desarticulado bajo Mao. Hay leyes, fiscales, jueces y, también, abogados. Pero tener esta profesión es peligroso, sobre todo en la China del presidente y secretario general del Partido Comunista Xi Jinping.

Desde que asumió el poder hace tres años, Xi Jinping ha arremetido con insólita dureza contra todo lo que parezca poner en peligro su propio poder y el del partido: funcionarios corruptos y disidentes en el aparato estatal, activistas por los derechos civiles, sindicalistas, abogados.

La detención de Pu Zhiqiang en mayo de 2014 fue el comienzo de una amplia campaña de intimidación. Sólo en el verano de 2015, más de 200 abogados fueron encarcelados. Unos 20 siguen en prisión.

Campaña de intimidación

Intimidarlo, ése fue el objetivo de detener a Pu, que en 2013 fue declarado por un semanario chino como uno de los personajes más influyentes para promover la ley en su país. El mensaje: si un héroe nacional, un abogado reconocido internacionalmente como Pu puede acabar en prisión, nadie se salva de la arbitrariedad del Estado.

Lo que pasa es que el Partido Comunista está por sobre la ley. Y, según le convenga, la ley se tuerce, se acomoda, se dobla hasta que sirva a sus fines. Por lo general, las instituciones chinas intentan maquillarlo todo de Estado de derecho. Pero en el proceso contra Pu Zhiqiang no lo consiguieron. Los cargos eran absurdos: “generar problemas” e “incitar al odio étnico”. A lo largo de un año y medio, la Fiscalía intentó crear un caso. Al final casi lo único que tiene son sietes tweets, escritos en un espacio de tres años, escogidos entre miles de tweets.

Sí, estos tweets fueron provocativos, quizá bruscos en el lenguaje. Pero, ¿ilegales? En uno se burlaba de un delegado al Congreso Popular que en 60 años nunca había votado “no”. En otro criticaba el manejo de la catástrofe ferroviaria de 2011. En otro veía corresponsabilidad de la política de Pekín en los ataques terroristas de Xinjiang.

Nada de lo que hay en estas cortas noticias justifica en lo más mínimo una condena. Es bueno que la semana pasada, diplomáticos de Alemania, Canadá y Estados Unidos hayan acudido, con declaraciones oficiales, a manifestarse delante del tribunal. Lamentablemente nunca sabremos cuánto de la suavidad de esta condena a Pu Zhiqiang se pueda atribuir a la presión internacional.