Minería: retos y posibilidades

“Hay una contraposición de mundos diferentes. En Perú, país minero, cuando se abre un nuevo punto extractivo, sucede por lo general en regiones muy pobres; se ha desarrollado resistencia a nuevos proyectos. En Ecuador, que hasta ahora no ha sido un país minero, el Estado quiere reemplazar el petróleo –que se está acabando- por la minería. En Chile, donde hasta ahora no ha habido mayor resistencia a la minería, está empezando la oposición; y en Argentina la población ahora se organiza”, dice a DW Heidi Feldt, geóloga alemana especialista en medio ambiente y culturas indígenas de América Latina.

Bandera de lucha

“Por otro lado”, añade Feldt, “hay una insatisfacción con la política gubernamental porque por lo general las concesiones mineras generan ingresos a nivel nacional y problemas a nivel local. Además, hay que tener en cuenta que el movimiento indígena en América Latina está más fuerte que nunca antes pues se ha reconocido sus derechos”.

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la declaración de la ONU de 2007 sobre poblaciones indígenas -ratificada por casi todos los Estados latinoamericanos- reconocen el derecho a los territorios, a la protección de sus recursos naturales y a la participación en la utilización y administración de dichos recursos.

Aunque esto en muchos casos no es vinculante y, según observadores, de cara a al realidad poco más que `papel mojado´, la protección a la culturales ancestrales y su hábitat entró en Constituciones como la de Bolivia y Ecuador. “Y se ha convertido en bandera de lucha de las organizaciones indígenas que exigen sus derechos”, explica Feldt.

Abriendo paso a la minería

Así, en un país andino, amazónico, megadiverso y hasta ahora principalmente petrolero como Ecuador los proyectos de minería a gran escala generan oposición en la población, principalmente entre la naciones indígenas. El impacto ambiental y social que tendrían nuevos proyectos mineros en zonas amazónicas hasta ahora más o menos aisladas produce, por un lado, rechazo y desconfianza.

Pero, al reclamo del derecho a la autodeterminación y la consulta previa en territorios ancestrales, Quito opone el derecho constitucional del Estado a explotar los recursos del subsuelo. A la ruptura social, la inclusión económica:

“Se estaría hablando de alrededor de 4000 plazas de trabajo de largo plazo, de aquí a 15 o 30 años en una de las zonas más deprimidas que tenía el país por falta de empleo. Por otro lado, hay unas entradas al Estado por regalías, por impuestos al valor agregado, utilidades, impuesto a la renta que dan al Estado más del 52 por ciento de la renta neta minera”, explica a DW Jorge Jurado, embajador de Ecuador en Berlín.

Pero, ¿y el impacto ambiental? “Se trata concretamente de que sea lo más pequeño posible y que además puedan existir alternativas reales de una restauración luego del proceso extractivo.La legislación ecuatoriana prevé suficientes aspectos de control para que las operaciones mineras puedan realizarse adecuadamente”, subraya Jurado, especialista en energía y ex subsecretario del ministerio de Minería. De un modelo de minería ejemplar habla el diplomático ecuatoriano.

¿Minimizar el impacto?

Precisamente éste es el punto en que la cooperación internacional puede aportar lo suyo: “En cuanto a los controles del agua, hay una serie de posibilidades técnicas que hasta ahora, por ejemplo, en Perú no se han utilizado porque el control minero ha sido muy débil. Las autoridades de control estatales deben ser fortalecidas y hay que ver en qué medida el monitoreo se puede desarrollar junto con la población local y en negociación con las empresas mineras”, explica Feldt añadiendo que no hay por qué condenar per se todo proceso extractivo.

“Justamente en la Unión Europea uno de los problemas en debate ahora es la cuestión de la gobernanza de los recursos naturales: se buscan normas que aporten a la transparencia de la industria extractiva. A nivel internacional se puede generar una plataforma para la gobernanza; se debe definir cuáles son los niveles mínimos ambientales y también cuáles son los niveles técnicos”, puntualiza Feldt reconociendo que en el tema de las regulaciones el camino apenas empieza.

“Ahí no se agota el tema”

“Hay varias iniciativas voluntarias que tratan de solucionar problemas particulares”, apunta Feldt, que habla desde una experiencia de veinte años en la región. Una de estas iniciativas es Alliance for Responsible Mining (ARM) que –con el lema de comercio justo- provee de asesoría a la minería artesanal a pequeña escala y cuida del manejo de sustancias tóxicas, residuos, agua y biodiversidad.

En este sentido, según dijo a DW Marcin Piersiak, gestor de este tipo de proyectos con en América Latina, “sí es posible transformar la minería en una actividad de desarrollo sustentable. En torno a las minas que en los años ochenta en Perú por ejemplo parecían el `lejano oeste´ se están formando, pueblos, escuelas, puestos de salud”.

Además de colaborar a regular la minería a pequeña escala –cuyos métodos tienen impactos nocivos en el medio ambiente-, según Piersiak, en este momento de “fiebre del oro” ARM participa ya en una instancia internacional “donde se trata de explorar cómo la gran minería puede trabajar y contribuir a la minería de pequeña escala”.

Así, de cara a los nuevos proyectos mineros en la región, según organizaciones de la sociedad civil cabe esperar que se respeten los marcos internacionales y que el proceso se lleve a cabo con la mayor rigurosidad. Sin embargo, según organizaciones de la sociedad civil, ahí no se agota el tema, pues el tema medular sigue siendo que los territorios donde se ubican los yacimientos, en otra óptica, son mucho más que el espacio físico y sus recursos.

Autora: Mirra Banchón
Editor: Enrique López