No a la práctica desleal en el comercio

“Hace tres años, un trabajador del sector bananero ganaba 300 dólares al mes; hoy recibe 280. Los supermercados fijan hoy una política de compra y mañana la cambian; para el empresario eso significa desestabilización del proceso productivo. Hace pocos días una empresa cerró una finca de 581 hectáreas de banano y el impacto para los trabajadores ha sido inmenso”, contó a DW en Bruselas Adela Torres, de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de América Latina.

En el trasfondo de su visita está una resolución del Parlamento Europeo que enfoca el comercio minorista y aboga por poner coto a las prácticas comerciales desleales. Y también una consulta pública de la Comisión Europea en busca de mecanismos para proteger de ellas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas.

Impacto en una larga cadena

“Los agricultores y pequeños productores a menudo sienten que carecen de libertad contractual, puesto que únicamente pueden vender sus productos a un reducido número de supermercados. Por ejemplo, la producción de azúcar está claramente controlada por un número limitado de compañías con tanto poder que, en algunos paísesmiembros casi se las puede considerar como monopolios, a menudo los supermercados no tratan directamente con los productores, sino con distribuidores que pueden ser grandes empresas multinacionales”, se afirma en el informe aprobado esta semana por el Parlamento Europeo.

Cláusulas abusivas, ausencia de contratos por escrito, cambios retroactivos y transferencia desleal de riesgos comerciales forman parte de las malas prácticas detectadas. Sin embargo, “no se puede decir exactamente quién es el responsable”, explican a DW desde el despacho del eurodiputado Dennis De Jong, ponente del informe.

En manos de Bruselas

Por lo pronto, el asunto queda en manos del comisario europeo que regula el mercado interior, Michel Barnier. Y se encuentra a debate qué es exactamente lo que se puede hacer, en el contexto de la legislación comunitaria europea. El impacto de no poner freno al comercio desleal puede ser inmenso: la Unión Europea es el mayor exportador e importador de alimentos y bebidas del mundo.

Hasta el momento, el 98% de la legislación que tiene que ver con el sector de alimentos es armonizada por Bruselas. Sin embargo, en cuanto al freno de las prácticas abusivas cada Estado miembro tiene (o no) su propia regulación: países como Portugal, Eslovenia, España, Bélgica y Reino Unido tienen códigos de conducta generales para el comercio minorista; Chequia, Hungría e Italia tienen leyes destinadas específicamente al sector agroalimentario.

Consecuencias en otras orillas

No obstante, según un estudio (Libro Verde) de la Comisión Europea, “la frecuente falta de mecanismos coercitivos adecuados para proteger a las partes más débiles frente a las prácticas comerciales desleales dificulta el desarrollo de la actividad empresarial y el comercio, en particular en situaciones transfronterizas”.

Esto es especialmente grave en un momento en que se cifran esperanzas de recuperación económica en el fomento de las pequeñas y medianas empresas y su internacionalización. Entre las regiones hacia donde se dirigen las políticas europeas de ampliación de mercados a nivel de pequeña y mediana empresa está América Latina.

¿Qué hacer?

Por lo pronto, aunque el comercio se amplía, la regulación para casos conflictivos no basta ni protege suficientemente a los pequeños productores, que a menudo no pueden afrontar las consecuencias financieras de un juicio contra un gigante comercial.

Para evitar represalias, por ejemplo, de un sistema de asociaciones comerciales con un mediador o defensor del pueblo que maneje confidencial y anónimamente los casos se habla en el informe.

“Es necesario un marco legal fuerte dirigido a frenar los abusos en nuestra cadena de suministro alimentario. Esto es un fallo del mercado que se traduce a menudo en violación de derechos humanos y marginalización de productores y trabajadores”, explica a DW Sergi Corbalán, director ejecutivo de la oficina Fair Trade en Bruselas.

En todo caso, para los trabajadores del banano de América Latina el asunto urge. “Y es Europa la que tiene la pelota", concluye Torres, la líder sindical: “defendemos que al productor le paguen un precio justo en condiciones justas, para que pueda cumplir con conquistas salariales que los trabajadores hemos logrado en cuarenta años. Tenemos contratos colectivos, tenemos unos salarios negociados, pero ahora, los empresarios –como no resultan competitivos para el mercado europeo- nos los quieren reducir en un 50%”.