Venezuela, llamado a las urnas electrónicas

La empresa eslovaca ESET, una firma de seguridad con dependencias en América Latina, advertía recientemente que los Estados de la región debían empezar a considerar sus sistemas electorales como "infraestructura tecnológica crítica" para evitar que ciberataques pudieran poner en riesgo sus democracias, sobre todo mediante la manipulación de votos. "Hay evidencia suficiente de que el voto electrónico dista de tener una implementación segura", aseveraba Camilo Gutiérrez, vocero de ESET, poniendo como ejemplo la vulneración de su carácter secreto en Brasil y los casos de transmisión defectuosa de datos en Argentina.

Este mismo jueves (8.3.2018), faltando sólo tres días para la celebración de elecciones parlamentarias en Colombia, el ministro de Defensa de ese país denunció que se habían registrado cuatro ataques cibernéticos contra el sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), la instancia a cargo de organizar los comicios. RNEC ya había sufrido intentos de sabotaje el 2 de octubre de 2016, cuando se sometió a plebiscito la aprobación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. El asunto es de particular relevancia este año, dada la confluencia de seis comicios presidenciales en Latinoamérica.

DW habló con Eugenio Martínez, periodista especializado en análisis electorales, sobre las luces y las sombras del sufragio electrónico en Venezuela. Sus habitantes han sido convocados a las urnas el 20 de mayo para decidir si el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, merece permanecer frente al timón o si es hora de nombrar a un sucesor. Esos comicios presidenciales son controvertidos: mientras varias democracias occidentales dudan que éstos vayan a ser "libres, justos, transparentes, legítimos y creíbles", la máxima autoridad electoral de Venezuela se ufana de la relativa infalibilidad de su sistema automatizado de votación.

Deutsche Welle: Sr. Martínez, ni la votación electrónica ni las fallas reiteradas del sistema de abastecimiento eléctrico son nuevas en Venezuela. ¿Los apagones no entorpecen el proceso electoral?

Eugenio Martínez:   Generalmente, ese fenómeno no causa problemas graves. La mayoría de las máquinas de votación están conectadas a unos dispositivos que a su vez están conectados a baterías de automóviles; eso les permite funcionar incluso cuando se registran apagones. Si llegara a fallar la batería de respaldo, las máquinas almacenarían los datos de las votaciones efectuadas hasta ese momento. Los apagones sí obstaculizarían el proceso de transmisión de datos desde los centros electorales hacia el centro nacional de totalización de votos.

Apagones aparte, Internet funciona muy lentamente en Venezuela. ¿Depende el sistema automatizado de votación del ancho de banda?

El ancho de banda en Venezuela es menor que el de Haití, un país que sigue sufriendo las secuelas del terremoto de 2010. Pero eso no incide sobre el sistema automatizado de votación porque los datos de las urnas no se transmiten por Internet, sino por satélite o por las llamadas "líneas blancas", líneas telefónicas reservadas para la transferencia de resultados electorales desde las máquinas de votación hasta el centro nacional de totalización de votos.

En 2013 y en 2017, la oposición antichavista denunció que habían tenido lugar fraudes. ¿Retornar al sufragio analógico y al conteo manual de votos dificultaría la comisión de delitos electorales?

Esa posibilidad ha sido objeto de debate recurrente en Venezuela. Uno de los argumentos en contra es que, en un país donde el partido de Gobierno controla todos los poderes públicos, incluido el electoral, reinstaurar el voto manual no ofrecería más garantías de transparencia que el electrónico, sino menos: sin el voto electrónico no habría manera de obtener pruebas fehacientes de manipulación de actas o del escrutinio de los votos.

Conviene recordar que, aunque en Venezuela se especula mucho sobre la posibilidad de hackear el sistema en el día de una elección o de manipular el software del sistema de votación, no hay evidencias sólidas de que eso haya ocurrido. Lo que hay son análisis estadísticos de comportamientos irregulares en centros de votación.

Por ejemplo, cuando Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial unitario de la oposición antichavista, denunció que había habido fraude en los comicios de 2013, él nunca alegó que sus resultados habían sido modificados electrónicamente. Él lo que dijo fue que había habido usurpación de identidad de votantes y que simpatizantes del oficialismo habían votado en más de una ocasión. Capriles Radonski pidió auditar los cuadernos y el sistema de identificación biométrica, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) concedió que había alrededor de 15.000 votos bajo sospecha, pero ese pronunciamiento no bastó para modificar los resultados de la elección presidencial.

De las denuncias de fraude formuladas en 2017 se puede decir los mismo: ninguna de ellas habla sobre la manipulación del sistema automatizado de votación.

La primera denuncia la hizo Smartmatic –la empresa que diseñó la tecnología usada por el CNE– tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 2017. Lo que los voceros de Smartmatic dijeron fue que el sistema había contabilizado 6,5 millones de votos y que, en la alocución correspondiente, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, había leído en voz alta '8 millones', un resultado distinto del que estaba escrito en el acta imprimida por la sala de totalización de votos del CNE. Smartmatic no denunció una manipulación del sistema durante la elección de la Constituyente.

La segunda denuncia de fraude se hizo desde el estado sureño de Bolívar, tras las elecciones de gobernadores del 15 de octubre de 2017. Las máquinas de trece mesas de votación hicieron el escrutinio de votos, imprimieron las actas respectivas, pero no pudieron transmitir los datos al centro de totalización de votos del CNE porque los agentes militares adscritos al Plan República –el operativo que vela por la seguridad del proceso electoral– lo impidieron y, cuando las memorias removibles de esas máquinas fueron llevadas a la junta regional del CNE, no se transmitió automáticamente el resultado de las mesas de votación, sino que se introdujo el resultado manualmente. Fue en ese momento cuando se adulteraron los datos para favorecer al candidato del partido de Gobierno e impedir el triunfo del candidato opositor. Eso quedó demostrado posteriormente porque la oposición tenía copia de las actas que emitieron las máquinas de votación.

En el pasado hubo momentos en que hasta la oposición antichavista aseguraba que el sistema automatizado de votación estaba blindado contra manipulaciones. ¿Qué cambios sufrió la tecnología electoral después de los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015, los últimos que se consumaron sin denuncias de opacidad creíbles? 

No fue el sistema automatizado de votación el que sufrió cambios. Lo que cambió fue la extensión de los lapsos para organizar las elecciones: esos lapsos fueron reducidos a dos meses o menos en 2017 y eso incidió sobre la integridad tanto de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente como de los comicios regionales y municipales. Las fases de preparación y las sesiones de auditoría técnica fueron reducidas al mínimo o se concentraron todas las inspecciones en una sola ronda de auditoría.

Si a Venezuela viajaran observadores internacionales con motivo de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, ¿cómo podrían ellos constatar si los delitos electorales se cometen antes, durante o después del proceso automatizado?

En principio, una misión de observación electoral debe llegar al país correspondiente cuando se convoca a las urnas o poco antes del inicio de la campaña electoral. Si ese grupo de veedores arriba con suficiente antelación puede evaluar el desarrollo de la campaña, las auditorías técnicas, el registro electoral, la confección de los circuitos de votación, el proceso de sufragio en sí y las jornadas posteriores. La última vez que el Gobierno invitó a observadores internacionales fue en 2006.

Entre 2006 y 2015, lo que el Ejecutivo aceptó fueron misiones de acompañamiento. La observación internacional de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue sustituida por el acompañamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que enviaban comisiones técnicas pequeñas. Éstas llegaban una semana antes de la elección y, desde luego, tenían una visión muy limitada del proceso de votación. Adicionalmente, el CNE restringía la libertad de movimiento de los acompañantes; éstos sólo podían ir adonde decidiera el CNE y en compañía de sus funcionarios.

En 2017, el CNE optó por no acreditar a observadores nacionales –que antes habían complementado las labores de la veeduría internacional– y el acompañamiento internacional fue ejercido exclusivamente por el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), un organismo creado en 2004 con financiamiento del Gobierno de Hugo Chávez e integrado por exfuncionarios de autoridades electorales de la región. Considerando que esta organización subsiste gracias al financiamiento del Gobierno venezolano y que sus miembros avalaron todos los procesos electorales de 2017 en el país, ni siquiera creo necesario hablar de conflicto de intereses.

Evan Romero-Castillo (VT)

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